INFORME DEL CONSEJO DE RELACIONES DEL TRABAJO AGRÍCOLA

(El ALRB) (2001)

(RESUMEN EJECUTIVO)

El Consejo de Relaciones del Trabajo Agrícola (El ALRB) se complace en presentar este informe en respuesta a la petición Legislativa solicitando que indiquemos la capacidad de este consejo para cumplir con su mandato estatutario de implementar y ejecutar La Ley de Relaciones del Trabajo Agrícola (Ley Laboral), conforme a su presupuesto actual.

Hace veinticinco años, la Cámara Legislativa promulgó una ley concediéndoles ciertos derechos a trabajadores de campo en California para poder “...asegurar la paz en los campos agrícolas garantizando justicia a todos los trabajadores agrícolas y estabilidad en las relaciones laborales.”

Para cumplir esta misión, la Ley Laboral dispone que haya elecciones por boleto secreto mediante las cuales los trabajadores de campo pueden elegir si es que quieren ó no quieren ser representados con el propósito de negociación colectiva en lo que se refiere a sus horas, sueldos, y otras condiciones de empleo.  La Ley Laboral además dispone que los trabajadores de campo tienen el derecho a unirse – con ó sin representación sindical – para ayuda y protección mutua sin temor a represalias.  El consejo actual tiene muy presente su obligación de proteger esta ley primera en la nación y continúa con su compromiso de ejecución oportuna y eficaz.

Conforme al Artículo No. 8300-001-0001 del Acta de Presupesto del 2000, a el Consejo se le pidió específicamente que proporcionara una evaluación de su capacidad de cumplir con su mandato estatutario, y que incluyera las áreas de respuesta citadas a continuación:

  1. Evaluar sus esfuerzos actuales de comunicación y educación y proyectar sus necesidades futuras en esta área;

  2. Evaluar la facilidad con la que los miembros de las comunidades de trabajadores de campo y cultivadores pueden disponer de los servicios del Consejo y recomendar medidas correctivas a déficits en esta área;

  3. Proyectar los cambios anticipados en el volumen de trabajo que puedan resultar de cambios en población de trabajadores ó prácticas de la industria; y

  4. Evaluar la capacidad del Consejo para vigilar el cumplimiento de sus ordenes y su capacidad para procesar acusaciones de prácticas laborales injustas y someter pagos atrasados y hacer pagos enteros por sentencia judicial.

En repuesta a esta solicitud legislativa, el Consejo realizó un número de juntas públicas por todo el Estado para recabar información del público interesado y para escuchar las inquietudes de los constituyentes que emplean los procedimientos del Consejo.  Estas juntas se realizaron en lugares y horarios que se consideraron ser accesibles, particularmente a los trabajadores del campo.  Estuvieron disponibles traductores de español y de mixteco donde fue necesario.  Además, en tanto que se tomaron en cuenta los comentarios tanto orales como escritos de estas juntas públicas, también se pidieron comentarios del personal de la agencia.

A través de este proceso, el Consejo identificó varios cambios importantes que afectan la capacidad que tiene el Consejo de cumplir con su mandato estatutario.  Primero, que existe una nueva generación de trabajadores del campo que desconocen mucho sobre la Ley Laboral y las protecciones que ofrece.  Estos mismos trabajadores del campo muchas veces tienen pocas facilidades ó medios para utilizar a el Consejo y sus procesos.  El aumento en el empleo de contratistas de trabajadores del campo ha hecho más difícil hacer cumplir la Ley Laboral.  Unas recientes decisiones del Consejo Nacional de Relaciones Laborales han nublado la jurisdicción de la agencia.  Finalmente, el Consejo ha sufrido tremendos recortes presupuestales, los cuales han reducido bastante el nứmero de personal.  Por contar con un personal limitado para investigaciones y ejecución, ha sido difícil cumplir con la misión del Consejo.

El Consejo concluye, por tanto, que tiene que tomar medidas para hacer lo siguiente:

  1. Continuar y aumentar su actividad educativa para informar a todos, pero en particular a los trabajadores del campo, acerca de los derechos y las responsabilidades contenidas en la Ley Laboral;

  2. Eliminar las barreras existentes que deniegan el acceso completo a el Consejo sus procesos, especialmente las poblaciones subatendidas;
  3. Continuar buscando maneras para responder a las tendencias que se van desarrollando en la agricultura, incluyendo el aumento de la dependencia de los cultivadores para emplear contratistas de trabajadores del campo; y
  4. Promover investigaciones oportunas y eficientes de prácticas injustas y la ejecución de ordenes y decisiones del Consejo.

Sin embargo, para poder lograr lo antes citado, es fundamental que el Consejo cuente con recursos adicionales, incluyendo gastos de personal y de manejo, que le permitan cumplir con su mandato estatutario mediante lo siguiente:

  1. Aumentando la educación acerca de la Ley Laboral, especialmente en poblaciones de trabajadores del campo subatendidas;

  2. Ubicando una oficina subregional en el área del valle Somona/Napa; y

  3. Aumentando el personal en las oficinas regionales.

Esta primavera presentaremos una propuesta para cambio presupuestal con el Departamento de Finanzas del estado para abordar estas necesidades de recursos.